Panchanitis

Es necesario que pida disculpas a los lectores porque finalmente no cumplí con el ofrecimiento que hice de reportar las sesiones de la comisión ocasional de comunicación. No me voy a detener en los motivos, pero entre ellos debo considerar la falta de tiempo y la impresión -generalizada entre algunos lectores- de que la crónica sobre Panchana resumía anticipadamente todo lo que iba a pasar.

Queda claro que ni el gobierno sabe qué debe hacer en el campo de la comunicación desde una perspectiva democrática, ni a la derecha le interesa que se haga nada, y cuando digo gobierno y derecha me refiero, en algunos casos, a las mismas personas.

Y sin embargo, sería tanto lo que se podría hacer.

Según datos del SRI las ventas de los principales canales de televisión del Ecuador en el año 2007 fueron:

ECUAVISA: 39 millones de dólares
TC Televisión: 28 millones de dólares
Teleamazonas: 21 millones de dólares
Gamavisión 19 millones
RTS 18 millones

Total: 125 millones

Hoy, después de la expropiación de TC y Gamavisión, 38% de ese pastel está en manos del gobierno.

Los dos principales grupos de televisión por cable, por su parte, vendieron 67 millones de dólares el mismo año (Satelcom, de grupo El Juri, vendió 34 millones y TV Cable, del grupo Isaías, vendió 33 millones). Como sabemos, TV Cable está en manos del gobierno después de la expropiación que hizo la AGD a los Isaías.

De modo que el total del negocio de la difusión de televisión en el Ecuador asciende, en cifras de 2007, a 192 millones de dólares. El gobierno controla hoy el 41% de ese negocio. Y para desgracia de todos, el gobierno no ha lanzado hasta ahora una sola idea encaminada a aprovechar esta circunstancia privilegiada [digo privilegiada en el sentido de que el control del 41% del mercado audiovisual facilitaría la introducción de políticas democratizadoras en el sector] para ampliar el pluralismo, la calidad de la televisión, la dinamización del sector audiovisual independiente. No. La única perspectiva que se les ha ocurrido es la más obvia y burda: controlar los informativos y, más tarde, vender esos canales a algún capitalista interesado. Si es amigo de Alianza País, mejor.

¡Un negocio de 192 millones (en cifras de 2007) y el sector audiovisual independiente tiene que vivir de las subvenciones públicas que ascienden a medio millón al año! Y a nadie en el gobierno ni en la comisión ocasional se le ocurre qué hacer, teniendo en sus manos el 41% de ese pastel.

Es mentira que a nadie se le ocurre qué hacer.

El director del Consejo Nacional de Cine del Ecuador, Jorge Luis Serrano, propuso a la comisión ocasional de comunicación la incorporación de un capítulo dedicado al fomento de la producción nacional independiente en la ley de comunicación. Era una propuesta seria que, en su sencillez, emulaba lo mejor de las políticas de cuotas horarias y de cuotas de adquisiciones vigentes en algunos países europeos, en la nueva ley de medios audiovisuales de Argentina y en la ley de responsabilidad social de Venezuela. La idea era muy sencilla: obligar a los canales de televisión de alcance nacional a programar una cuota de 100 horas de producción nacional independiente en el horario estelar de 18h00 a 23h00 y obligarlos simultáneamente a usar en la adquisición de esas 100 horas el 2% de sus ventas netas. Es decir, inyectar al mercado del audiovisual independiente 2,5 millones de dólares en cifras de 2007. El resultado esperado era diversificar la producción, abonar a favor del pluralismo en los medios audiovisuales, promover el audiovisual en lenguas ancestrales, promover la televisión educativa, ampliar la producción de documentales, apoyar al cine nacional. La propuesta añadía una clara definición de lo que se debe considerarse como productor independiente y creaba, además, un Fondo de la Diversidad en el Audiovisual y de la Televisión Educativa, con el que se complementaba el financiamiento de las producciones. En total, según el cálculo del CNCine, el mercado audiovisual independiente podía haber crecido, a la vuelta de pocos años, a un volumen de seis o siete millones de dólares, frente al medio millón de fondos exclusivamente públicos que tiene hoy.

Como es obvio suponer, a la comisión ocasional le importó un comino la propuesta. Betty Carrillo ni siquiera la ha de haber leído. Panchana habrá inflado el pecho y se habrá dicho: "mi proyecto ya habla de esto y lo hace mejor".

En efecto, el proyecto aprobado por la comisión incorpora la idea de Panchana, que consiste en una generosa cuota de 10% de la programación a favor de la producción independiente, pero no especifica el horario de su difusión y menos aún establece una cuota de adquisiciones ni un fondo para la calidad, con lo cual esa producción será comprada, como hoy, a precio de huevo, como un favor que hacen los canales a los productores ("agradecerás que te doy pasando tu peliculita"). Y en cuanto a la definición de los independientes se limita a decir que son aquellos "que no tienen relación laboral con el canal", lo cual es un portón abierto a la burla.

El trabajo presentado por el CNCine era serio, meditado, resultado de un proceso de reflexión, de dos congresos de trabajadores del cine, uno celebrado en Manta durante la Asamblea Constituyente y otro celebrado en la Universidad Andina con ocasión de un foro sobre la ley de cultura, y quedó reducido a nada por esa mayoría supuestamente progresista de la comisión.

Me veo obligado a concluir que esa mayoría no es ni progresista ni democrática.

¿Qué habría hecho una mayoría de izquierda? Una mayoría de izquierda habría comenzado por preguntarse, ¿qué podemos hacer para ampliar la libertad de expresión?, ¿qué podemos hacer para que en lugar de seis periódicos nacionales haya veinte?, ¿cómo podemos apoyar el surgimiento de nuevos medios? ¿Cómo podemos hacer para que los periódicos, incluidos los de nuestra tendencia pero también los otros, se lean en todas partes? Una mayoría de izquierda habría comenzado por preguntarse, ¿cómo hacemos para diversificar la oferta de televisión?, ¿cómo hacemos para que la transición a la televisión digital no sea simplemente una oportunidad de generar más ganancias para los mismos sino de que el público acceda a más canales, más diversos, a más programas de mejor calidad? Una mayoría seria se habría preguntado: ¿por qué la calidad de los programas es tan mala?, ¿no será que podemos hacer algo para que mejoren?, ¿no será un tema de dinero, de cuánto dinero gastan los canales en hacerlos?, ¿por qué no investigamos cómo funciona el negocio de la televisión? Una mayoría de izquierda, madura, joven, emprendedora, revolucionaria, se reiría de Jorge Ortiz y no perdería el tiempo en ver la manera de callarlo por vía de un reglamento de pacotilla porque sabría que la historia se encargaría de callarlo si la hiciéramos avanzar un poco, tan solo un poco. Una mayoría de izquierda a la que Jorge Ortiz le quita el sueño y el humor no es una mayoría de izquierda. Es simplemente una mayoría de políticos amargados, paranoicos y vanidosos.

Transparencia en tiempos de revolución

Subrepticiamente Alianza País ha reformado la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La ocasión ha sido la aprobación de la muy loable Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.

La Ley de Transparencia era uno de los más importantes avances de nuestra legislación. Escuché a la misma María Paula Romo proclamarlo así en un foro en la FLACSO. ¿En qué radica su importancia? La ley dispone que toda la información generada en las entidades públicas y en aquellas personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, es información a la que todas las personas tenemos derecho de acceder. La ley establecía únicamente dos excepciones: la información confidencial o privada -entendida como la que corresponde a la intimidad de las personas- y la información reservada y en el caso de la información reservada establecía el procedimiento que se debía seguir para clasificarla de ese modo. Como es lógico, el carácter reservado debía ser establecido antes de que se diera la solicitud de acceso.

Pues bien, la nueva ley, la de Garantías Constitucionales (¡qué ironía!), cuando se ocupa del procedimiento para ejercer la garantía de acceso a la información pública se permite incorporar una nueva excepción al principio de publicidad. Así, en el artículo 47, algún comedido de Alianza País puso:

"No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas."

¡Vaya , vaya! No deja de ser un poco extraño -y de hecho es contrario a la norma constitucional (art. 138)- que una ley que regula el procedimiento para ejercer garantías se permita una acrobacia como esta metiéndose en donde no le incumbe. Esto está prohibido por la constitución precisamente para que la discusión de las leyes no escape a la atención de quienes pueden estar interesados en ellas. Les importó un comino que esto sea así. Lo importante era acoger la recomendación que a no dudarlo hizo el inefable secretario jurídico de la presidencia.

De modo que ahora "Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas"... El problema es que esta disposición está situada después y no antes de la apostilla "declarada en los términos establecidos por la ley". Si hubiesen tenido la delicadeza de ponerla antes, la frase se leería así:

"Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas, declarada en los términos establecidos por la ley."

Lo cual, ciertamente, dejaría un poco más a salvo el derecho de acceso a la información y obligaría al legislador a especificar de qué manera se debe declarar como tal la información "estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas". Pero seguramente no lo hicieron porque de haberlo hecho habrían tenido que reconocer que la redacción más lógica debió ser:

"Se considera también como información reservada aquella cuya reserva sea necesaria para proteger los intereses de las empresas públicas."

De ese modo incluso esa información estaría sometida al procedimiento establecido para la información reservada y las cosas estarían totalmente claras. Esto es así porque "reservada" es un adjetivo genérico que significa "que debe ser tratado con cautela" y que se puede aplicar solo a los documentos taxativamente descritos como tales en la ley. ¡Si uno revisa la ley, el art. 17 de la LOTAIP, todos los casos allí descritos (por ej. "Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado") contienen información "estratégica y sensible"! Era cuestión de añadir un numeral al artículo 17 de la LOTAIP y punto.

Pero no. Había que hacerlo con la urgencia que los incesantes y voluminosos negocios de las empresas públicas demandan hoy. La grosería de la estipulación solo hace más evidente su prisa. Lo hicieron así, además, para que no quede duda de que se trata de un imperativo tajante: cualquier funcionario de las empresas públicas puede de ahora en adelante negar acceso a cualquier información con el cuento de que se trata de "información sensible a los intereses de las empresas públicas" y nadie podrá cuestionar el hecho de que en esa materia su arbitrio es absoluto.

Una disposición que será de mucha utilidad para los diligentes empresarios públicos interesados en ocultar información sensible a los intereses de nuestras empresas.

PD. Me hace caer en cuenta un lector que la Ley de Empresas Públicas también intentó coartar el acceso. En efecto, allí hay dos disposiciones que aluden a la información "que desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado" es sensible y estratégica a los intereses de las empresas, si así lo considera su directorio. Es decir, ahora está hecho el match perfecto entre una y otra.

El jurisconsulto Rolando Panchana

Lo que más me impresionó de la sesión del miércoles 14 de la comisión ocasional fue la manera no sé si decir impúdica o francamente grosera con que el asambleísta Panchana se incorporó a la mesa de trabajo: no solo llegó con un retraso de dos horas sino que, sin disculparse y sin despojarse de la chaqueta de motociclista que traía puesta, intentó desfogar por medio de una intervención innecesariamente acalorada la ira que le había provocado el resultado del partido de fútbol que todos los demás presentes no habían ido a ver para llegar a tiempo a la reunión. Fue como ver a un semental eyacular su escupitajo de baba fértil, sólo que aquí la baba no era fértil sino una tontería jurídica que provocaría risa en cualquier foro medianamente serio.

El asunto que se estaba discutiendo para cuando Panchana entró en escena aludía a si debía o no prevalecer en el debate de la Ley de Comunicación la Convención Americana de DDHH. Tal cosa, en rigor, no se debía discutir. La Constitución de Montecristi es en esta materia meridianamente clara al disponer que cuando un tratado vigente reconozca derechos más favorables a los reconocidos por ella misma, deberán prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (artículo 424). Pues bien, Panchana tuvo la osadía de pretender que esa norma no dice lo que dice. Y lo defendió a gritos.

No vale la pena detenerse en el silogismo falaz que improvisó. Solo podemos decir que fue de un nivel penoso y que dijo cosas tales como que a los constituyentes de Montecristi “se les fue esa norma” –es decir: no se dieron cuenta de que la escribieron (lo cual, hay que admitir que hasta podría ser cierto)– cuando los representantes de los pueblos indígenas demandaban equiparar la Constitución a los tratados internacionales que protegen su derechos específicos. Dijo textualmente que “eso fue escrito pensando en los pueblos afros y en los indios” y que de ninguna manera podía “una cosa escrita hace 50 años –¡en alusión a la convención que rige el sistema interamericano de DDHH!– estar por encima de nuestra constitución.” Nadie le hizo notar que no es la antigüedad lo que determina la obsolescencia de las normas y que, en todo caso, la convención americana, que tan académicamente defiende la fracción educada de su bloque y que él tan burdamente denosta, fue escrita en 1969 y sirve todavía de fundamento para una jurisprudencia extensa y respetada en todo el continente.

En su argumentación Panchana tuvo el respaldo sostenido de Mauro Andino y Humberto Alvarado a quienes hay que reconocer el mérito de haber asistido puntualmente a la sesión en lugar de ir a ver el fútbol. El aporte de Andino fue esforzado y el de Alvarado chabacano. Creo que éste último en realidad estaba maldiciendo no estar viendo el partido. Habrá sido, digo yo, una orden de sus hijos. Lo digo porque en determinado momento don Humberto no resistió la tentación y, un poco en broma un poco en serio, despachó con ironía y desdén un tema semántico que reviste cierta gravedad en materia de libertad de prensa, diciendo que era una tontería discutir si había alguna diferencia entre los verbos “regular” y “controlar”, que según su criterio son sinónimos, y que por eso él proponía que mejor todos nos fuésemos a ver el fútbol.

No hubo acuerdo final sobre el tema de la Convención Americana, aunque parezca mentira. La comisión acordó pedir al Secretario de la Asamblea Nacional la exhibición de las actas del debate del artículo 424 para confirmar la intención original del constituyente. “No debe haber durado mucho ese debate –le dijo César Montúfar a Panchana– porque poco te ha quedado”, en un humor sofisticado que el otro seguramente no entendió. Betty Carrillo concluyó diciendo que la comisión había llegado a un acuerdo general respecto a que debe haber una regulación de la comunicación pero que quedaba por resolverse qué debía regularse y cómo debía hacérselo (es decir, todo) a lo que Panchana añadió “¡y quién!” Lo suyo, ya lo sabemos, es atribuir al organismo que ha concebido en su engendro de proyecto la potestad de cerrar medios de comunicación que emitan informaciones “no contrastadas”.

La impresión que a mi me quedó es que el esfuerzo de Montúfar por sostener con sus colegas una discusión doctrinaria es inútil. Es posible que María Augusta Calle pueda seguir el hilo de su discurso, discrepar con altura en ciertos puntos, y en última instancia llegar a acuerdo mínimos en temas que son delicados desde el punto de vista de la jurisprudencia de los Derechos Humanos, pero pensar que va a conseguir una reflexión mínimamente compleja de parte de Carrillo, Alvarado o Andino, para no hablar de Panchana, es una ilusión.

No pasó la propuesta de Mauro Andino de usar la Ley Panchana como base del debate de la Comisión de Comunicación

Ustedes van a encontrar aquí una crónica cotidiana sobre el trabajo de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que discute la ley de comunicación. Lo hago porque, a pesar de que las sesiones son públicas, la prensa se retira pronto y se pierde de lo mejor. De modo que para completar las reseñas de los diarios, aquí van a tener mis impresiones y una descripción más o menos objetiva del debate y las posturas que están en juego.

La sesión de hoy arrancó a las 17h00, minutos más, minutos menos. La presidenta, Betty Carrillo, una asambleista esmerada y gentil pero de temperamento reglamentarista, dio inicio a la sesión ordenando la lectura del orden del día que rezaba: "análisis conducente a la construcción de la ley". En ese momento, los asambleístas César Montúfar y María Augusta Calle propusieron una breve modificación que permitiera comenzar la reunión con la conformación del consejo consultivo de la comisión, como al parecer habían acordado hacer en la sesión anterior a ésta. La presidenta se opuso con un argumento incontrovertible: el punto en cuestión no constaba en el orden del día. Varios minutos se perdieron dilucidando si había que atenerse al reglamento de modo tan estricto o si por el contrario convenía relajar los procedimientos y procurar un debate flexible. Vencieron los reglamentaristas. Montúfar y Calle aceptaron que lo suyo fuese abordado después, cuando el orden del día así lo autorizare.

Carrillo propuso entonces que la mesa conociera la propuesta metodológica que tenía el propósito de exponer, pero tan pronto había terminado de decirlo, Fausto Cobo clamó con amabilidad una tajante objeción: la propuesta metodológica de Carrillo tampoco constaba en el orden del día. Vino entonces un lapso más o menos prolongado en que se debatió si la metodología del debate formaba parte de la "construcción" de la ley o si por el contrario era un tema distinto cuya discusión, por tanto, no estaba autorizada por el orden del día.

Cobo, que dio señales de ser un hombre temperamental con vetas de rudeza, terminó venciendo.

A esas alturas era evidente que los comisionados estaban en una fase de tanteo del escenario y que ninguno se atrevía a tomar el toro por los cuernos. El circunloquio solo se detuvo cuando, supongo que motivado por un imperioso sentido del deber, el asambleísta de PAIS Mauro Andino, vicepresidente de la comisión, tomó la palabra para proponer, sin inmutarse, que la discusión y el debate de la ley debía tomar como referencia la ley Panchana y no las otras dos leyes que les había encargado la Asamblea. Se refería, para los que no están muy enterados, al proyecto presentado por el otrora intrépido reportero de ECUAVISA y conductor del programa sensacionalista "De la vida real", a la sazón amigo íntimo del presidente Rafael Correa, proyecto que, como sabemos, ha concitado -con justeza- el horror de muchas personas. Tan pronto Andino hizo su propuesta -nunca quedó claro si usó o no la palabra "moción", como alegó después Montúfar- la mesa fue presa de un evidente ánimo confrontativo. Cynthia Viteri, Cobo, Lourdes Tibán, Montúfar y Calle dijeron "no"... mientras que los demás asentían, con la salvedad de Carrillo, que se mantuvo neutral, y Rolando Panchana, que se hizo el desentendido. Los otros dos miembros, los que asintieron de inmediato, eran Humberto Alvarado y Angel Vilema. No cabía duda: la orden de Carondelet era discutir la ley Panchana y punto.

Para comprender este último acerto hay que saber quién es Humberto Alvarado. Veterano hombre de medios de comunicación, Alvarado es padre de Vinicio y Fernando Alvarado, dos de los hombres fuertes de Carondelet, jerarcas de la publicidad correista, antiguo comunicador de INTERAGUA el segundo y antiguo jefe de los versátiles publicistas que regentan las tres agencias que pautan la mayor parte de la publicidad oficial. Hombres fuertes es poco decir. Pilares de la estructura de poder correísta. El padre de estos muchachos, Humberto, no es tampoco ninguna perita en dulce: fue por varios años concejal de Quevedo por el partido Social Cristiano -la derecha oligárquica y mafiosa que lideró Febres Cordero- hasta que se candidatizó a la Asamblea Nacional por decisión del buró de PAIS, a pesar de que perdió en las primarias, y obtuvo durante el régimen de Correa una frecuencia de radio FM y una frecuencia de televisión local por parte del CONARTEL. No contento con eso, Humberto Alvarado tiene a su esposa, la madre de los muchachos de Carondelet, de Embajadora del Ecuador en Costa Rica. Andino, Vilema, Panchana y Alvarado son, de lo que parece, la encarnación de los hermanos Alvarado en el seno de la comisión.

(Hay que destacar que el asambleista Andrés Páez pidió al señor Alvarado que se excuse de pertenecer a una comisión en la que se discutirían temas que atañen a su patrimonio, a lo que éste, naturalmente, se negó).

Con la propuesta de Andino la cosa se puso tensa. Se trataba de una avezada idea, habida cuenta que el CAL -consejo de administración de la legislatura- había calificado tres proyectos para el debate, sin preferir ninguno de ellos. Solo la consideración, descomedida y falta de tacto, de que los seis asambleístas del bloque de PAIS se disciplinarían detrás de su voz de mando, justificaba semejante atrevimiento.

Pero se topó Andino con una comisión que se sabía observada y con un grupo de asambleístas asistidos por el sentido común. Montúfar lideró el debate y propuso, con el apoyo de Calle, una serie de puntos nodales respecto de los cuales se debía debatir para configurar de modo coherente la ley. El primero y el más importante, dijo, era dilucidar si la comunicación era un derecho -y en consecuencia debía ser objeto de regulación- o si se trataba de un bien público -en cuyo caso debía ser objeto de control estatal. Como Andino se quedó sin piso, no volvió a hablar. Los demás se entregaron al debate y finalmente terminaron sumándose a la propuesta de Montúfar, siendo el más entusiasta en ello, nada menos que Panchana.

Finalmente se convocaron para conformar el comité consultivo mañana a las 10h00. Carrillo quedó a cargo de incluir el tema en el orden del día. Ojalá no se le olvidé.

Aquí la reseña del sitio web de la Asamblea.

"¡Queremos leyes revolucionarias!": Humberto Cholango, presidente de ECUARUNARI

El IVA a los periódicos, una polémica

Comparto aquí mi réplica a la opinión de Xavier Flores Aguirre sobre la propuesta de cobrar el IVA a la venta del papel periódico, periódicos y revistas que ha enviado el ejecutivo a la Asamblea Nacional. La opinión de Xavier consta en su blog, citado desde hace varios meses en el costado izquierdo de este blog; demás está decir que se trata de un muy buen escritor y de un espacio muy grato de información y polémica. Le agradezco, de paso, que me haya estimulado a retomar la escritura en el blog. Felizmente no necesito del papel periódico.

Xavier,

Una cosa es que la medida esté encaminada “a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” y otra cosa es que lo consiga. Esta medida probablemente no lo consiga, pero lo procura. A diferencia de ti, yo sí he visto a editores de periódicos pequeños sostener que la medida afectará su actividad editorial. Esto es comprensible pues, el papel periódico es un insumo relativamente menor en una empresa con grandes costos operativos como El Universo, pero no en un periódico de factura artesanal (aún así, no es una bicoca; considera que a El Universo, con 6 millones de compras anuales de papel periódico, le cargas un IVA de 720 mil dólares, lo cual, en el supuesto de que circulen 40 mil ejemplares diarios, constituye una carga de 5 centavos por cada ejemplar, es decir, el 10% del precio).

Pero, bueno, digamos que encarecer en un 10% los periódicos no constituye una restricción al derecho a la libertad de expresión; te propongo que al menos estemos de acuerdo en que la medida representa un cambio en la política pública pues el estímulo al consumo del papel periódico -y por ende a la publicación de periódicos- que suponía la tarifa cero no es sustituido en el proyecto propuesto por ningún otro estímulo.

Al respeto, el proyecto enviado a la Asamblea Nacional es elocuente. En la parte que nos compete propone la reforma del numeral 7 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno que dice: "[Tienen tarifa cero del IVA:] 7. Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros". La reforma propuesta se limita a suprimir las palabras “papel periódico, periódicos y revistas”.

¿Por qué el proyecto de ley segrega al papel periódico, los periódicos y las revistas de los libros? ¿Qué diferencia a los periódicos y revistas de los libros? De entrada dos cosas: la inmediatez y el consumo masivo. ¿No son estas características las más idóneas -sin considerar a los medios electrónicos, naturalmente- para polemizar y discrepar por escrito en el espacio público? A mi me parece que esto es de Perogrullo, Xavier. Los libros, con el espesor ilustre de sus lomos, no sirven para eso. Sirven para otra cosa, y llegado el momento de las insurrecciones, quizás son más útiles como ladrillos que como transmisores masivos de ideas. ¿Qué otra cosa se puede concluir de este proyecto de ley sino que la autoridad tributaria quiere seguir estimulando la publicación de libros (¡en papel bond o en papel couché, claro!) y elige desalentar la de los periódicos y las revistas?

Cuando los autores del proyecto anuncian diligentemente que el 85% de las importaciones del papel periódico corresponde a los 8 diarios más grandes del país, están diciendo: esta medida afecta solo a 8 personas jurídicas. No toman en cuenta que:

a) Esas ocho personas jurídicas proveen de contenidos informativos y culturales a medio millón de personas al día;

b) Esas ocho personas jurídicas proveen de papel periódico a muchos otros medios de comunicación -el periódico EL OTRO CINE que publicamos cada año en el EDOC por ejemplo-;

c) Las personas jurídicas que comercializan el otro 15% son las más perjudicadas pues, por ser más pequeñas, es mayor el impacto de la medida en sus costos operativos; y,

d) El país necesita urgentemente nuevos editores de periódicos y revistas.

Por último, mira esta pequeña joya constitucional que encontré googleando: el artículo 150 de la Constitución brasileña. Anda y míralo. Aunque mejor te lo copio para no postergar tu sorpresa. El artículo 150 de la Constitución del Brasil PROHIBE al Estado establecer impuestos sobre los libros, los diarios, los periódicos y el papel destinado a su impresión (disculpa las mayúsculas que no están en la constitución del Brasil sino que las he añadido yo para que no pase desapercibido el verbo PROHIBIR). Si conseguí convencerte, te ruego que lo imprimas y se lo mandes en un sobre de papel couché a Carlos Marx Carrasco (con copia a María Paula Romo).

Abrazos,

Manolo