He venido a cenar a casa de mi hermana. Despedimos a dos amigos que acaban de pasar unas vacaciones en el país. Ahora regresan a Sevilla, donde uno trabaja y el otro estudia. Pocos días antes de venir se habían casado en una pequeña jurisdicción de Andalucía. El alcalde del pueblo, a quien la circunstancia de celebrar por primera vez un matrimonio homosexual tenía un poco nervioso, les dio un sermón sobre la necesidad del diálogo y la aceptación del otro. Después brindaron. Miguel se ríe cuando recuerda que algunos de los empleados municipales lloraron de la emoción. La fiesta fue en el campo. Miguel, español, y Víctor, ecuatoriano, dicen que ahora van a ir al consulado ecuatoriano a tratar de inscribir su matrimonio. Les digo que el cónsul no lo podrá reconocer porque la ley ecuatoriana no admite el matrimonio homosexual, pero a Miguel no le importa. Está decidido a darse el gusto de fregar la paciencia del cónsul en un acto que considera a la vez necio y necesario.
La conversación deriva en el trabajo de Miguel como guía penitenciario. Dice que lo lleva bien, tiene un horario especial que le permite tener libres varios días en el mes, y le ha tocado una prisión tranquila donde no hay mayores conflictos. Nos cuenta que está tratando de conseguir su transferencia a un “piso” o “apartamento prisión”, donde los convictos cumplen las penas de semi-libertad. En un departamento de varias habitaciones conviven varios detenidos y los correspondientes guías penitenciarios. Los internos salen a trabajar, hacen su vida en la ciudad, y después, por la noche, vienen a dormir en una cárcel que más parece un hotel. Todos quedamos sorprendidos. Le pregunto desde cuándo existe este sistema y me responde con toda naturalidad que desde hace más de veinticinco años, cuando la Constitución española estableció que el sistema penitenciario tiene como propósito la rehabilitación y reincorporación de los reclusos a la sociedad.
No le digo que nuestra Constitución desde 1978 dice lo mismo.
“¡A los que están locos de remate, claro, los mandamos a un psiquiátrico!”, me dice. Entonces le pregunto si él es partidario de la desaparición de la cárcel y me dice que por supuesto. Igual que yo. Nos entregamos entonces a una conversación sobre el absurdo que en nuestro criterio constituye la institución carcelaria y seguimos así, conversando, hasta que un poco en broma y un poco en serio nos ponemos a alabar cuánto ha avanzado España.
Bueno, si no hubiese regresado el absolutismo en 1813, y hubiera seguido vigente la Constitución de Cádiz, seguiríamos siendo un mismo país, me dice Miguel. Recordamos entonces aquella primera constitución iberoamericana que reconoció la igualdad entre criollos y peninsulares y estableció por primera vez en nuestra historia las garantías de las personas. Seríamos entonces, de pleno derecho, europeos, ¿no? Pues, sí.
(12.06.08)