No pasó la propuesta de Mauro Andino de usar la Ley Panchana como base del debate de la Comisión de Comunicación

Ustedes van a encontrar aquí una crónica cotidiana sobre el trabajo de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que discute la ley de comunicación. Lo hago porque, a pesar de que las sesiones son públicas, la prensa se retira pronto y se pierde de lo mejor. De modo que para completar las reseñas de los diarios, aquí van a tener mis impresiones y una descripción más o menos objetiva del debate y las posturas que están en juego.

La sesión de hoy arrancó a las 17h00, minutos más, minutos menos. La presidenta, Betty Carrillo, una asambleista esmerada y gentil pero de temperamento reglamentarista, dio inicio a la sesión ordenando la lectura del orden del día que rezaba: "análisis conducente a la construcción de la ley". En ese momento, los asambleístas César Montúfar y María Augusta Calle propusieron una breve modificación que permitiera comenzar la reunión con la conformación del consejo consultivo de la comisión, como al parecer habían acordado hacer en la sesión anterior a ésta. La presidenta se opuso con un argumento incontrovertible: el punto en cuestión no constaba en el orden del día. Varios minutos se perdieron dilucidando si había que atenerse al reglamento de modo tan estricto o si por el contrario convenía relajar los procedimientos y procurar un debate flexible. Vencieron los reglamentaristas. Montúfar y Calle aceptaron que lo suyo fuese abordado después, cuando el orden del día así lo autorizare.

Carrillo propuso entonces que la mesa conociera la propuesta metodológica que tenía el propósito de exponer, pero tan pronto había terminado de decirlo, Fausto Cobo clamó con amabilidad una tajante objeción: la propuesta metodológica de Carrillo tampoco constaba en el orden del día. Vino entonces un lapso más o menos prolongado en que se debatió si la metodología del debate formaba parte de la "construcción" de la ley o si por el contrario era un tema distinto cuya discusión, por tanto, no estaba autorizada por el orden del día.

Cobo, que dio señales de ser un hombre temperamental con vetas de rudeza, terminó venciendo.

A esas alturas era evidente que los comisionados estaban en una fase de tanteo del escenario y que ninguno se atrevía a tomar el toro por los cuernos. El circunloquio solo se detuvo cuando, supongo que motivado por un imperioso sentido del deber, el asambleísta de PAIS Mauro Andino, vicepresidente de la comisión, tomó la palabra para proponer, sin inmutarse, que la discusión y el debate de la ley debía tomar como referencia la ley Panchana y no las otras dos leyes que les había encargado la Asamblea. Se refería, para los que no están muy enterados, al proyecto presentado por el otrora intrépido reportero de ECUAVISA y conductor del programa sensacionalista "De la vida real", a la sazón amigo íntimo del presidente Rafael Correa, proyecto que, como sabemos, ha concitado -con justeza- el horror de muchas personas. Tan pronto Andino hizo su propuesta -nunca quedó claro si usó o no la palabra "moción", como alegó después Montúfar- la mesa fue presa de un evidente ánimo confrontativo. Cynthia Viteri, Cobo, Lourdes Tibán, Montúfar y Calle dijeron "no"... mientras que los demás asentían, con la salvedad de Carrillo, que se mantuvo neutral, y Rolando Panchana, que se hizo el desentendido. Los otros dos miembros, los que asintieron de inmediato, eran Humberto Alvarado y Angel Vilema. No cabía duda: la orden de Carondelet era discutir la ley Panchana y punto.

Para comprender este último acerto hay que saber quién es Humberto Alvarado. Veterano hombre de medios de comunicación, Alvarado es padre de Vinicio y Fernando Alvarado, dos de los hombres fuertes de Carondelet, jerarcas de la publicidad correista, antiguo comunicador de INTERAGUA el segundo y antiguo jefe de los versátiles publicistas que regentan las tres agencias que pautan la mayor parte de la publicidad oficial. Hombres fuertes es poco decir. Pilares de la estructura de poder correísta. El padre de estos muchachos, Humberto, no es tampoco ninguna perita en dulce: fue por varios años concejal de Quevedo por el partido Social Cristiano -la derecha oligárquica y mafiosa que lideró Febres Cordero- hasta que se candidatizó a la Asamblea Nacional por decisión del buró de PAIS, a pesar de que perdió en las primarias, y obtuvo durante el régimen de Correa una frecuencia de radio FM y una frecuencia de televisión local por parte del CONARTEL. No contento con eso, Humberto Alvarado tiene a su esposa, la madre de los muchachos de Carondelet, de Embajadora del Ecuador en Costa Rica. Andino, Vilema, Panchana y Alvarado son, de lo que parece, la encarnación de los hermanos Alvarado en el seno de la comisión.

(Hay que destacar que el asambleista Andrés Páez pidió al señor Alvarado que se excuse de pertenecer a una comisión en la que se discutirían temas que atañen a su patrimonio, a lo que éste, naturalmente, se negó).

Con la propuesta de Andino la cosa se puso tensa. Se trataba de una avezada idea, habida cuenta que el CAL -consejo de administración de la legislatura- había calificado tres proyectos para el debate, sin preferir ninguno de ellos. Solo la consideración, descomedida y falta de tacto, de que los seis asambleístas del bloque de PAIS se disciplinarían detrás de su voz de mando, justificaba semejante atrevimiento.

Pero se topó Andino con una comisión que se sabía observada y con un grupo de asambleístas asistidos por el sentido común. Montúfar lideró el debate y propuso, con el apoyo de Calle, una serie de puntos nodales respecto de los cuales se debía debatir para configurar de modo coherente la ley. El primero y el más importante, dijo, era dilucidar si la comunicación era un derecho -y en consecuencia debía ser objeto de regulación- o si se trataba de un bien público -en cuyo caso debía ser objeto de control estatal. Como Andino se quedó sin piso, no volvió a hablar. Los demás se entregaron al debate y finalmente terminaron sumándose a la propuesta de Montúfar, siendo el más entusiasta en ello, nada menos que Panchana.

Finalmente se convocaron para conformar el comité consultivo mañana a las 10h00. Carrillo quedó a cargo de incluir el tema en el orden del día. Ojalá no se le olvidé.

Aquí la reseña del sitio web de la Asamblea.

"¡Queremos leyes revolucionarias!": Humberto Cholango, presidente de ECUARUNARI

El IVA a los periódicos, una polémica

Comparto aquí mi réplica a la opinión de Xavier Flores Aguirre sobre la propuesta de cobrar el IVA a la venta del papel periódico, periódicos y revistas que ha enviado el ejecutivo a la Asamblea Nacional. La opinión de Xavier consta en su blog, citado desde hace varios meses en el costado izquierdo de este blog; demás está decir que se trata de un muy buen escritor y de un espacio muy grato de información y polémica. Le agradezco, de paso, que me haya estimulado a retomar la escritura en el blog. Felizmente no necesito del papel periódico.

Xavier,

Una cosa es que la medida esté encaminada “a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” y otra cosa es que lo consiga. Esta medida probablemente no lo consiga, pero lo procura. A diferencia de ti, yo sí he visto a editores de periódicos pequeños sostener que la medida afectará su actividad editorial. Esto es comprensible pues, el papel periódico es un insumo relativamente menor en una empresa con grandes costos operativos como El Universo, pero no en un periódico de factura artesanal (aún así, no es una bicoca; considera que a El Universo, con 6 millones de compras anuales de papel periódico, le cargas un IVA de 720 mil dólares, lo cual, en el supuesto de que circulen 40 mil ejemplares diarios, constituye una carga de 5 centavos por cada ejemplar, es decir, el 10% del precio).

Pero, bueno, digamos que encarecer en un 10% los periódicos no constituye una restricción al derecho a la libertad de expresión; te propongo que al menos estemos de acuerdo en que la medida representa un cambio en la política pública pues el estímulo al consumo del papel periódico -y por ende a la publicación de periódicos- que suponía la tarifa cero no es sustituido en el proyecto propuesto por ningún otro estímulo.

Al respeto, el proyecto enviado a la Asamblea Nacional es elocuente. En la parte que nos compete propone la reforma del numeral 7 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno que dice: "[Tienen tarifa cero del IVA:] 7. Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros". La reforma propuesta se limita a suprimir las palabras “papel periódico, periódicos y revistas”.

¿Por qué el proyecto de ley segrega al papel periódico, los periódicos y las revistas de los libros? ¿Qué diferencia a los periódicos y revistas de los libros? De entrada dos cosas: la inmediatez y el consumo masivo. ¿No son estas características las más idóneas -sin considerar a los medios electrónicos, naturalmente- para polemizar y discrepar por escrito en el espacio público? A mi me parece que esto es de Perogrullo, Xavier. Los libros, con el espesor ilustre de sus lomos, no sirven para eso. Sirven para otra cosa, y llegado el momento de las insurrecciones, quizás son más útiles como ladrillos que como transmisores masivos de ideas. ¿Qué otra cosa se puede concluir de este proyecto de ley sino que la autoridad tributaria quiere seguir estimulando la publicación de libros (¡en papel bond o en papel couché, claro!) y elige desalentar la de los periódicos y las revistas?

Cuando los autores del proyecto anuncian diligentemente que el 85% de las importaciones del papel periódico corresponde a los 8 diarios más grandes del país, están diciendo: esta medida afecta solo a 8 personas jurídicas. No toman en cuenta que:

a) Esas ocho personas jurídicas proveen de contenidos informativos y culturales a medio millón de personas al día;

b) Esas ocho personas jurídicas proveen de papel periódico a muchos otros medios de comunicación -el periódico EL OTRO CINE que publicamos cada año en el EDOC por ejemplo-;

c) Las personas jurídicas que comercializan el otro 15% son las más perjudicadas pues, por ser más pequeñas, es mayor el impacto de la medida en sus costos operativos; y,

d) El país necesita urgentemente nuevos editores de periódicos y revistas.

Por último, mira esta pequeña joya constitucional que encontré googleando: el artículo 150 de la Constitución brasileña. Anda y míralo. Aunque mejor te lo copio para no postergar tu sorpresa. El artículo 150 de la Constitución del Brasil PROHIBE al Estado establecer impuestos sobre los libros, los diarios, los periódicos y el papel destinado a su impresión (disculpa las mayúsculas que no están en la constitución del Brasil sino que las he añadido yo para que no pase desapercibido el verbo PROHIBIR). Si conseguí convencerte, te ruego que lo imprimas y se lo mandes en un sobre de papel couché a Carlos Marx Carrasco (con copia a María Paula Romo).

Abrazos,

Manolo