El jurisconsulto Rolando Panchana

Lo que más me impresionó de la sesión del miércoles 14 de la comisión ocasional fue la manera no sé si decir impúdica o francamente grosera con que el asambleísta Panchana se incorporó a la mesa de trabajo: no solo llegó con un retraso de dos horas sino que, sin disculparse y sin despojarse de la chaqueta de motociclista que traía puesta, intentó desfogar por medio de una intervención innecesariamente acalorada la ira que le había provocado el resultado del partido de fútbol que todos los demás presentes no habían ido a ver para llegar a tiempo a la reunión.

El asunto que se estaba discutiendo para cuando Panchana entró en escena aludía a si debía o no prevalecer en el debate de la Ley de Comunicación la Convención Americana de DDHH. Tal cosa, en rigor, no se debía discutir. La Constitución de Montecristi es en esta materia meridianamente clara al disponer que cuando un tratado vigente reconozca derechos más favorables a los reconocidos por ella misma, deberán prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (artículo 424). Pues bien, Panchana tuvo la osadía de pretender que esa norma no dice lo que dice. Y lo defendió a gritos.

No vale la pena detenerse en el silogismo falaz que improvisó. Solo podemos decir que fue de un nivel penoso y que dijo cosas tales como que a los constituyentes de Montecristi “se les fue esa norma” –es decir: no se dieron cuenta de que la escribieron (lo cual, hay que admitir que hasta podría ser cierto)– cuando los representantes de los pueblos indígenas demandaban equiparar la Constitución a los tratados internacionales que protegen su derechos específicos. Dijo textualmente que “eso fue escrito pensando en los pueblos afros y en los indios” y que de ninguna manera podía “una cosa escrita hace 50 años –¡en alusión a la convención que rige el sistema interamericano de DDHH!– estar por encima de nuestra constitución.” Nadie le hizo notar que no es la antigüedad lo que determina la obsolescencia de las normas y que, en todo caso, la convención americana, que tan académicamente defiende la fracción educada de su bloque y que él tan burdamente denosta, fue escrita en 1969 y sirve todavía de fundamento para una jurisprudencia extensa y respetada en todo el continente.

En su argumentación Panchana tuvo el respaldo sostenido de Mauro Andino y Humberto Alvarado a quienes hay que reconocer el mérito de haber asistido puntualmente a la sesión en lugar de ir a ver el fútbol. El aporte de Andino fue esforzado y el de Alvarado chabacano. Creo que éste último en realidad estaba maldiciendo no estar viendo el partido. Habrá sido, digo yo, una orden de sus hijos. Lo digo porque en determinado momento don Humberto no resistió la tentación y, un poco en broma un poco en serio, despachó con ironía y desdén un tema semántico que reviste cierta gravedad en materia de libertad de prensa, diciendo que era una tontería discutir si había alguna diferencia entre los verbos “regular” y “controlar”, que según su criterio son sinónimos, y que por eso él proponía que mejor todos nos fuésemos a ver el fútbol.

No hubo acuerdo final sobre el tema de la Convención Americana, aunque parezca mentira. La comisión acordó pedir al Secretario de la Asamblea Nacional la exhibición de las actas del debate del artículo 424 para confirmar la intención original del constituyente. “No debe haber durado mucho ese debate –le dijo César Montúfar a Panchana– porque poco te ha quedado”, en un humor sofisticado que el otro seguramente no entendió. Betty Carrillo concluyó diciendo que la comisión había llegado a un acuerdo general respecto a que debe haber una regulación de la comunicación pero que quedaba por resolverse qué debía regularse y cómo debía hacérselo (es decir, todo) a lo que Panchana añadió “¡y quién!” Lo suyo, ya lo sabemos, es atribuir al organismo que ha concebido en su engendro de proyecto la potestad de cerrar medios de comunicación que emitan informaciones “no contrastadas”.

La impresión que a mi me quedó es que el esfuerzo de Montúfar por sostener con sus colegas una discusión doctrinaria es inútil. Es posible que María Augusta Calle pueda seguir el hilo de su discurso, discrepar con altura en ciertos puntos, y en última instancia llegar a acuerdo mínimos en temas que son delicados desde el punto de vista de la jurisprudencia de los Derechos Humanos, pero pensar que va a conseguir una reflexión mínimamente compleja de parte de Carrillo, Alvarado o Andino, para no hablar de Panchana, es una ilusión.