Penosa contradicción de la Cancillería ecuatoriana

Desde el primer momento tuve la impresión de que algo no cuadraba en la reacción ecuatoriana, del Estado ecuatoriano, frente al bombazo de Uribe en Sucumbíos. Ahora lo tengo claro. Ahora que el argumento flaquea pues, ¿por qué la muerte de un ecuatoriano vuelve más grave el incidente, como ha dicho el presidente Correa? ¿Por qué? Eso no tiene ningún sentido. La nacionalidad de las víctimas no tiene ninguna relevancia, como tampoco la tiene su ocupación o estado civil.

El discurso oficial consistió en defender la soberanía del país frente a una penetración no autorizada de una fuerza pública extranjera en nuestro territorio. Uribe había ofendido a "la patria". Si bien aquello era cierto, lo verdaderamente grave era el acto de guerra y el hecho de haber provocado la muerte a un grupo de personas que pernoctaban en Ecuador. "Fue una masacre" dijo el presidente Correa en un primer momento. "No hubo persecusión en caliente", "los ejecutaron". Pero ese argumento, la masacre, paso enseguida a un segundo plano.

Cuando Hugo Chávez lo dijo en la cumbre de Río, el secretario de la OEA no tuvo empacho en asentir: lo que está en juego en este incidente es la revindicación por parte de Colombia del principio de legítima defensa, en nombre del cual un país puede, unilateralmente, cometer un acto de guerra en el territorio de otro país para acabar con un terrorista. Frente a ese principio, la defensa de la soberanía por si sola es un argumento débil pues en el derecho internacional quedó claro hace mucho tiempo que la soberanía no es un principio intangible. El problema es bajo qué condiciones y con qué propósitos se puede admitir su violación.

Así, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, está concebido para intervenir de modo consensuado en la soberanía de los Estados - sustituyendo su jurisdicción penal en caso de que ésta demuestre ser ineficaz para castigar crímenes de lesa humanidad - precisamente porque la soberanía puede convertirse en una forma de perpetuar la impunidad de estos crímenes. Del mismo modo, la Corte se crea para impedir que en nombre del principio de legítima defensa se vulnere la soberanía de los Estados y que cualquier país se sienta autorizado a hacer justicia por mano propia. La palabra clave era, pues, masacre, no soberanía. El asunto clave era el crimen, el asesinato de personas que estaban asentadas en un territorio sometido a una jurisdicción distinta a la del perpetrador del ataque. Y en la formulación de ese principio no debía importar que se tratara de ecuatorianos, colombianos o mexicanos, o de terroristas, guerrilleros o cerrajeros. El principio era que nadie puede matar impunemente dentro de la jurisdicción del Estado ecuatoriano.

La declaración de la OEA y la declaración del grupo de Río ignoran solemnemente el crimen, la violación de los derechos humanos, y se limitan a rechazar la violación de la soberanía. Tardíamente la declaración de la Cancillería ecuatoriana hecha pública hoy reivindica por primera vez los derechos humanos. Lo hace a propósito de la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla diciendo, incluso, que la hipotética pertencencia del señor Aisalia a las FARC "no es, de probarse cierta, un eximente de violación a los derechos humanos del señor Aisalla (sic)". El Universo de hoy recuerda que el mismo presidente Rafael Correa dijo en su cadena radial que "si se confirmaba que uno de los cadáveres trasladados a Bogotá pertenecía a un ecuatoriano, sería 'extremadamente grave y tendría más cola este gravísimo problema, porque ya sería el asesinato de un ecuatoriano en suelo del Ecuador por fuerzas extranjeras'". El portal de la presidencia lo ratifica hoy: "Muerte y traslado del cadáver de Franklin Aisalla constituyen violaciones a los derechos humanos". ¿Por qué la muerte de Aisalla constituye una violación de los derechos humanos y la muerte de las demás personas no? Extrañamente el portal de la presidencia dice que la Constitución Política obliga al Estado a "velar por la vigencia de los derechos humanos de todos los ecuatorianos", olvidando que la Constitución Política no diferencia, como es natural, en materia de derechos humanos, a los ecuatorianos de los extranjeros.

Es una inconsistencia absurda pues insinúa que la muerte de un ecuatoriano, aun siendo miembro de las FARC, es más grave que la muerte de un extranjero.

Si forzamos el razonamiento aplicando los principios de la declaración de la OEA y del grupo de Río - y de nuestra Cancillería hasta el día de ayer - tendríamos que concluir que si la fuerza pública de Colombia hubiese contado con la autorización del gobierno ecuatoriano para entrar al territorio a capturar a Reyes, no habría habido ningún problema. La muerte de Aisalla habría ocurrido sin violación de la soberanía y por ende habría ocurrido "en buena ley". Es lo que cabe concluir de una declaración que rechaza "la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbios, el 1 de Marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y el art. 21 de la Carta de la OEA" y que no dice ni una sola palabra acerca de la "masacre" de la que hablaron en un primer momento el Ministro Larrea y el Presidente Correa. Ni siquiera una mención a que la incursión objeto de la declaración tuvo como resultado la muerte de unas personas y la lesión de otras. Ni más ni menos que si hubiesen muerto unos perros.

Ahora resulta que uno de ellos no era un perro sino un ecuatoriano. ¿Alguien me quiere decir si encuentra alguna coherencia entre las dos posturas? ¿La Canciller Salvador va a llamar al secretario Insulza a decirle, "José Miguel, sabes que acabamos de darnos cuenta que en la incursión hubo muertos y heridos... y tú sabes, el artículo 16 de la Carta de la OEA dice que 'La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros', de modo que vamos a tener que añadir un numeral a la declaración donde se diga que el Ecuador se reserva el derecho de juzgar con arreglo a su jurisdicción penal a los responsables de los hechos de sangre ocurridos en la provincia de Sucumbíos". No quiero imaginar la cara que pondrá en ese momento Insulza.