Ecuador TV y el servicio público

El estatuto de la sociedad anónima Ecuador TV, canal de televisión de propiedad estatal que acaba de ser inaugurada en la frecuencia 48 de UHF, dispone que su directorio esté conformado por los ministros de salud, educación y cultura, el Secretario de la Administración Pública y el Secretario de Información. Como presidente del directorio ha sido designado el Secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. Este nombramiento y la conformación legal del directorio de esta empresa merece la mayor atención ciudadana. La pregunta central es si el interés público –de independencia y pluralismo– está adecuadamente protegido en un organismo cuyo cuerpo directivo está totalmente en manos del poder ejecutivo y es presidido por el funcionario que tiene a cargo, no solo la coordinación del gabinete, sino también la propaganda del régimen.

La televisión de servicio público fue por mucho tiempo un pilar del Estado social de derecho. Ni siquiera el desarrollo del mercado audiovisual consiguió acabar con ella en los estados de la Unión Europea, que debió señalar en 1997 que el financiamiento estatal de los servicios públicos de televisión constituía una necesaria excepción a la libre competencia pues la televisión pública está directamente relacionada con “las necesidades democráticas de la sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo” (1). Se justifica financiar con dinero público un medio de televisión solo a condición de que no sea un aparato de propaganda y de que cumpla con el deber de ser independiente a todo interés económico y partidista.

A fin de sujetarse a esta condición es imprescindible que el estatuto orgánico de la televisión pública contemple mediaciones entre el poder político de turno y los creadores de los contenidos. ¿A quién rinden cuentas el jefe del informativo y el jefe de adquisiciones del canal público? ¿Qué ocurre si las personas de quienes en última instancia dependen sus empleos son cinco miembros del gabinete? El público tiene todo el derecho de sospechar que las necesidades de comunicación oficial – interés legítimo de los funcionarios – ha de terminar contaminando los contenidos del canal. Más aún si uno de estos funcionarios – nada menos que quien preside el directorio – es el responsable de la propaganda oficial, como ocurre con el secretario Alvarado. A mi manera de ver un principio elemental de imparcialidad vuelve incompatibles estas dos funciones.

Es imperativo que se debata abiertamente la conformación orgánica de este canal, y que, mientras esto ocurre, el representante del Presidente de la República ante el directorio sea una persona que garantice independencia respecto de las necesidades de comunicación y propaganda de su gobierno. Es por ello que el secretario Vinicio Alvarado es la persona menos indicada para cumplir esa función. Su designación como presidente del directorio de Ecuador TV lesiona la credibilidad de este medio.

(1) “Protocolo sobre la radiodifusión pública”, anexo al Tratado de Ámsterdam reformatorio del Tratado de la Unión Europea, aprobado el 2 de octubre de 1997.

[El Telégrafo publicó este artículo en una versión diferente].