Explotación y publicidad

Los trabajadores independientes del sector audiovisual viven un infame sistema de explotación laboral. Perpetradores de este abuso son la mayor parte de las empresas productoras de comerciales para la televisión que, a su vez, justifican la situación en la necesidad de agraciar a las agencias de publicidad que, de otro modo, en busca de menores costos, irían a filmar los comerciales en Argentina o Perú. Cosa que de todos modos hacen con frecuencia.

El rodaje de un comercial toma de dos a cuatro días. Los trabajadores, equipos de diez, veinte o más personas, son sometidos por regla general a jornadas de hasta veinte horas de trabajo, no son afiliados al IESS y suscriben con sus empleadores un contrato civil de servicios profesionales que disfraza la relación laboral efectivamente existente. La contratación laboral ocasional, inherente a este tipo de industria, es sustituida por una práctica abusiva supuestamente igualitaria.

Estos trabajadores se disputan una limitada oferta de empleo. Sin embargo, no por pequeño el sector es poco lucrativo y, sobretodo, prometedor. La publicidad audiovisual es cada vez más omnipresente, pronto invadirá la Internet y los celulares, y es un campo en el cual nuestra industria podría competir con la de cualquier otro país si se dieran las condiciones adecuadas. Centenares de chicos y chicas ecuatorianos se han preparado en este campo en los últimos años en el país y en el extranjero. Lamentablemente, las condiciones de trabajo que se les ofrece los conducirán tarde o temprano a oficios menos sacrificados o al exilio, en lugar de invitarlos a enriquecer el país con el alto valor agregado de sus conocimientos.

El gobierno es uno de los grandes clientes de las agencias de publicidad. Su millonaria pauta se suma a la de las grandes empresas cuyos productos copan el horario estelar de la televisión. El 17% de toda la pauta corresponde a la comisión que cobra una agencia de publicidad por su papel de intermediario en el proceso de difusión de los spots en los medios. Sería una verdadera contradicción de principio que el dinero de la pauta gubernamental se convirtiera en vehículo de la explotación a la que hago referencia. El Consejo Nacional de Cinematografía, donde están representados los trabajadores del audiovisual, debería tomar cartas en el asunto junto al Ministerio de Cultura y al Ministerio del Trabajo.

Debatir la imposición de aranceles a la publicidad producida en el extranjero, poner en regla las contrataciones laborales, el aseguramiento obligatorio y el pago de beneficios y utilidades a los trabajadores, son algunas de las medidas pertinentes. La ocasión no puede ser más propicia, cuando estamos a las puertas de un Mandato Constituyente relativo precisamente a la explotación laboral. La naturaleza estratégica de esta industria, productora por excelencia de bienes simbólicos de alto valor agregado, es algo que pocas personas discuten hoy. Bienes colectivos tan importantes como el pluralismo y la libertad de expresión dependen de su equitativo desarrollo.

[Publicado el 27 de abril en El Telégrafo].