Miedo al cambio en la cultura

El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha defendido esta semana (1) la propuesta de consagrar en la nueva Constitución Política la “autonomía” de esa institución tal como está contemplada en el artículo 65 de la actual ley fundamental. Marco Antonio Rodríguez ha dicho que de no incluir esa “autonomía” en el texto constitucional el gobierno de Rafael Correa “pasaría a la historia como el sepulturero” de la Casa. Aparte de señalarle que oficiar de sepulturero no tiene nada de malo, siempre y cuando se haya confirmado la muerte del sepultado, hay que reclamar al presidente de la CCE argumentos más sólidos que fundamenten su temor. En lugar de darlos, el señor Rodríguez se limita a describir una y otra vez un escenario apocalíptico: “¿qué pasaría – se pregunta – si llega un gobierno fascista, qué destino tomaría la Cultura adherida a un solo poder? Definitivamente la Cultura no puede inclinarse al poder, ni ser oficializada: los intelectuales no pueden ser un rebaño.”

El presidente Rodríguez defiende la autonomía de una institución – la Casa de la Cultura – pero habla de “la Cultura”, como si la institución y el concepto fuesen la misma cosa. Este juego verbal, verdaderamente gimnástico, pretende hacernos suponer que de la “autonomía” de la CCE depende la existencia de un ámbito de libertad para la creación y el pensamiento, cuando en realidad lo segundo no depende de lo primero. Corresponde consagrar la libertad de pensamiento y de creación de los artistas e intelectuales dentro de los derechos civiles, políticos y sociales, y corresponde asegurar que el Estado cumpla su papel a favor del pleno ejercicio de estos derechos en la parte correspondiente a las políticas del Estado. Que la CCE conserve la potestad legal de elegir internamente a sus autoridades, principio legítimo “que han respetado hasta las dictaduras militares” como ha dicho el presidente Rodríguez, no tiene relevancia ni para establecer la vigencia de esos derechos, ni para asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales.

Argumentar que el vigor y la solidez del pensamiento crítico ecuatoriano depende de esa fórmula constitucional solo sirve para eludir la discusión de fondo: ¿en qué se ha convertido la matriz de la Casa de la Cultura después de sesenta años de existencia?, ¿de qué le ha servido la autonomía, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, cuyo fondo editorial de cien mil volúmenes – de los cuales 10 mil fueron entregados por el propio Espejo en el siglo XVIII – es sesenta veces más pequeño que el de la Biblioteca Nacional del Perú por citar un ejemplo cercano? La reforma de la CCE – una necesidad hoy admitida por todos – como parte de una reforma institucional global de la cultura en el Ecuador debe responder honestamente estas preguntas. En ese proceso la sociedad entera, y no solo la nomenclatura de la Casa de la Cultura, deberá encontrar también la manera de protegerla de la imposición de intereses partidistas y sectarios, garantizando en su gestión el pluralismo, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.

(1) “Sin autonomía, la Casa sería oficial”, El Comercio, 2 de abril de 2008.

[Publicado originalmente en El Telégrafo]