Un debate postergado

El proyecto de articulado relativo al derecho a la comunicación que ha propuesto la Mesa 1 al pleno de la Asamblea Constituyente está plagado de una retórica supuestamente democratizadora que si no resulta contraproducente probará al menos ser inútil.

La comunicación es, por definición, un ámbito de libertad, y todas las obligaciones estatales que derivan de este derecho deberían estar encaminadas a ampliar ese ámbito. Los mayores enemigos son las prácticas monopólicas en el manejo de los circuitos de difusión y el acaparamiento de los derechos de autor.

El acaparamiento del espectro radioeléctrico es el caso emblemático. La actual Constitución lo prohíbe, pero lo autoriza la Ley de Radiodifusión cuando dispone que el trámite de concesión da inicio “a petición del interesado” y no en base a un concurso público. Pero eso no es todo. En las actuales condiciones, incluso si las frecuencias se distribuyeran de modo equitativo, su otorgamiento constituiría en sí mismo una forma de acaparamiento pues la discrecionalidad en el uso de la frecuencia es absoluta. Si le da la gana, el titular puede destinar el 100% de sus emisiones a la transmisión de contenidos comprados en una subasta de baratijas. Nada se lo impide y somos testigos de que varios lo hacen. Si eso no es acaparamiento, me dirán ustedes lo que es.

El acaparamiento se produce también cuando las industrias de la difusión, cadenas de exhibición de cine, por ejemplo, se dedican al mismo tiempo al negocio de la producción y distribución de contenidos. Así, cada cadena difunde solo los contenidos que ella produce o distribuye. Estimular la independencia entre la producción y la difusión debería ser una obligación del Estado. No solo eso. También debería serlo la obligación de garantizar la distribución de contenidos en todo el territorio: si no es rentable llevar la prensa diaria – ¡toda la prensa diaria, claro! – al cantón Espíndola, el Estado debería subsidiar esa distribución, pues los habitantes de Espíndola tienen derecho a acceder a la prensa del país a igual título que los de Quito.

El tema de los derechos de autor es más complejo. En este caso el acaparamiento opera a través de la creación de catálogos cada vez más extensos –un negocio legítimo, claro– y de la ampliación de su tiempo de vigencia –70 años en la actualidad. Corresponde al Estado ampliar los usos autorizados de los contenidos apoyando batallas como la de los sistemas peer to peer frente a las multinacionales del entretenimiento. Es decir, defendiendo el derecho de los individuos a intercambiar contenidos a través de la Internet como lo han hecho a través de la dinámica social a lo largo de los siglos, frente a quienes pretenden considerar esos intercambios como una apropiación indebida de los derechos de autor.

La retahíla de adjetivos de la propuesta de la Mesa 1 solo crea la ilusión de que se viene una era de comunicación popular y democrática. En realidad ratifica el status quo: el mercado de los medios por un lado, donde prima el acaparamiento, y la cultura popular por otro, condenada a comunicarse de modo subterráneo.

[Publicado el 18 de mayo de 2008 en El Telégrafo].